La noticia estalló en pleno mes de agosto, pero no pasó desapercibida: el Ministerio del Interior ha adjudicado a Huawei un contrato de más de 12 millones de euros para dotar de almacenamiento al sistema de escuchas judiciales SITEL. A simple vista, podría parecer un contrato especializado más. Pero las reacciones han sido de todo menos técnicas. Entre acusaciones de poner en riesgo la seguridad nacional y defensas sobre la legalidad del proceso, lo cierto es que el debate plantea una cuestión de fondo: ¿estamos preparados para gestionar nuestra propia infraestructura crítica?
Qué es SITEL y por qué importa
El Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL) permite a las fuerzas de seguridad grabar conversaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Es decir: almacena información extremadamente sensible. El nuevo contrato adjudicado a Huawei se refiere a los servidores que guardarán esos datos, seleccionados entre varias opciones por su alta capacidad, eficiencia energética y escalabilidad, según documentación técnica consultada durante el proceso de licitación concretamente el modelo OceanStor 6800 V5. El Gobierno asegura que este sistema está completamente aislado de redes externas y no tiene conexión directa con internet.
Las críticas: de la oposición a Bruselas
El Partido Popular ha liderado la crítica política, señalando que Huawei está sujeta a una ley china que obliga a colaborar con sus servicios de inteligencia. Por eso, piden la comparecencia de varios ministros. Pero las dudas no vienen solo de la oposición: la Comisión Europea ya había recomendado en 2023 restringir o excluir a proveedores «de alto riesgo» en infraestructuras críticas. En Estados Unidos, varios legisladores han pedido revisar los acuerdos de intercambio de datos con España tras conocerse el contrato.
La defensa del Gobierno
Desde el Ejecutivo se insiste en que el proceso ha sido transparente. Como respaldo, citan el expediente de licitación pública publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se detalla la evaluación técnica y la puntuación otorgada a las distintas ofertas. El proceso fue legal y supervisado técnicamente, con validaciones emitidas por la Junta de Contratación del Ministerio del Interior y supervisión técnica del Centro Criptológico Nacional. Recuerdan que la adjudicación no incluye software de Huawei ni conectividad remota, solo almacenamiento físico. El ministro de Exteriores ha acusado al PP de «alarmismo demagógico» y ha asegurado que la seguridad está garantizada. También han recordado que varias administraciones autonómicas han firmado acuerdos similares con la empresa china sin que ello haya provocado polémica pública.
La pregunta de fondo: soberanía tecnológica
Lo interesante es que este debate trasciende los nombres propios. Más allá de Huawei, el caso pone sobre la mesa una cuestión cada vez más relevante: según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, más del 68 % de los sistemas críticos del sector público español se basan en componentes de origen extranjero. ¿Qué grado de autonomía tiene España sobre su infraestructura digital? En un mundo hiperconectado, los datos judiciales, sanitarios o financieros se almacenan en centros de datos, muchos de ellos con tecnología fabricada en otros países. El dilema no es nuevo, pero se vuelve urgente: ¿hay alternativas viables? ¿Estamos invirtiendo en desarrollo propio o simplemente nos limitamos a adquirir lo disponible?
Un debate necesario (y sin simplismos)
No hay respuesta fácil. Las certificaciones de seguridad y los estándares internacionales ayudan, pero no eliminan el riesgo. Al mismo tiempo, desconfiar por el origen nacional de una empresa también puede convertirse en una herramienta política. Lo cierto es que cualquier decisión que afecte a sistemas sensibles requiere más transparencia, más evaluación técnica y menos ruido partidista.
El reto es doble: proteger lo esencial y hacerlo sin caer en el alarmismo ni la ingenuidad. Si algo deja claro este episodio, es que la soberanía tecnológica no es solo una cuestión de cables y servidores. Es una decisión estratégica. Y debería importarnos a todos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es SITEL?
Es el sistema que permite a la Policía y Guardia Civil interceptar y almacenar llamadas telefónicas con autorización judicial.
¿Huawei tendrá acceso a las escuchas?
No directamente. El Gobierno asegura que se trata solo de hardware sin conexión remota y bajo supervisión estatal.
¿Por qué preocupa Huawei en Europa y EE.UU.?
Por la ley china que obliga a empresas a colaborar con el Gobierno. Se teme que puedan usarse con fines de espionaje.
¿Hay empresas europeas que puedan hacer lo mismo?
Sí, pero no siempre con los mismos precios ni disponibilidad. La UE está fomentando alternativas propias.
¿Es legal adjudicar este contrato a Huawei?
Sí. Fue un proceso abierto, público y validado por la Junta de Contratación del Ministerio del Interior.